Título propuesto: Debate en Villa Allende: Reclamos vecinales y el marco legal de la cantera en la Reserva Supaj Ñuñu
Bajada: Mientras agrupaciones vecinales y el Consejo Municipal de Ambiente alertan sobre el impacto de la cantera “El Gran Ombú”, desde el entorno de la empresa aseguran contar con todas las habilitaciones provinciales requeridas para operar.
Cuerpo de la nota:
Desde finales de febrero, el debate sobre el uso del suelo y la preservación ambiental ha vuelto a tomar protagonismo en Villa Allende y Sierras Chicas. Vecinos y agrupaciones locales han expresado su preocupación por la actividad extractiva en el ámbito pretendido de la Reserva Hídrica, Natural y Recreativa Supaj Ñuñu.
(pedanía / ejidos) propietarios.
El foco del conflicto se centra en la cantera “El Gran Ombú”. La firma ha completado su primera etapa de extacción (de?) y está pronta a avanzar hacia una fase dos. Frente a esto, el Consejo Municipal de Ambiente advirtió que “cientos de hectáreas corren peligro de desaparecer” y que la reserva corre el riesgo de convertirse “en un cráter gigante”, advirtiendo sobre un impacto en la flora, fauna y la cuenca hídrica local.
Este reclamo derivó en diversas movilizaciones, incluyendo una caravana de protesta el pasado 26 de febrero y la actual organización de “mateadas” informativas frente al edificio municipal para exigir la intervención de las autoridades.
El marco legal: Ordenanza municipal vs. Jurisdicción Provincial
El eje de la controversia radica en un complejo contrapunto jurisdiccional. Quienes se oponen a la actividad extractiva se amparan en la Ordenanza Municipal 3719, que rige en Villa Allende. Esta norma clasifica a las Áreas de Protección Ambiental y Áreas de Reserva como “Suelo No Urbanizable”, categorizando a la reserva como zona roja de conservación. Además, la ordenanza prohíbe explícitamente cualquier actividad extractiva de suelo y subsuelo en el ejido municipal que no esté encuadrada en planes de uso sustentable.
Sin embargo, la situación administrativa de la cantera responde a instancias superiores. La firma no ha emitido comunicados oficiales. No obstante, fuentes cercanas a la empresa aseguraron a Info Villa Allende que la compañía cuenta actualmente con todas las habilitaciones exigidas para avanzar con la explotación.
De acuerdo a estas fuentes, el accionar de la empresa se encuentra bajo el estricto control de la Provincia, que es el ente regulador de esta actividad, y posee las autorizaciones correspondientes tanto de la Secretaría de Minería como de la cartera de Medio Ambiente provincial. Desde el entorno de la firma son categóricos al afirmar que no existe ninguna irregularidad ni infracción a la ley, ya que resulta imposible operar sin cumplir con todos los requisitos legales vigentes exigidos por el gobierno provincial.
Aclaraciones sobre caminos y terrenos comunitarios
En medio del debate, desde el entorno de la firma también buscaron brindar aclaraciones sobre otros temas que involucran a la comunidad y la dinámica local. Por un lado, la empresa asegura que no está en sus planes cerrar o impedir el acceso al camino S522.
Por otro lado, recordaron el rol que la empresa mantiene con el municipio al destacar un dato poco conocido públicamente: los terrenos donde actualmente funciona el basural, el cual es utilizado por todos los vecinos de Villa Allende, son propiedad de la cantera, que los presta y cede para dicho fin comunitario.
Mientras el Consejo Municipal sostiene que la empresa buscaría ocupar unas 1.100 hectáreas y pide la rápida intervención local, la realidad expone un debate profundo sobre las competencias legales: por un lado, la normativa municipal de protección de reservas y, por el otro, los derechos de explotación avalados por las autoridades ambientales y mineras de la Provincia.
