El Gobierno de Córdoba implementó un nuevo protocolo de “tolerancia cero”.
Los padres o tutores de los menores responsables deberán hacerse cargo de los gastos de los despliegues policiales y de emergencia.
Córdoba anunció una firme medida para frenar las intimidaciones y falsas alarmas en el ámbito educativo. A partir de un nuevo protocolo formalizado por el Ministerio de Seguridad, los costos de los operativos generados por falsas amenazas (como tiroteos o bombas) serán reclamados directamente a los padres o adultos responsables de los menores que resulten identificados e imputados por la Justicia.
A partir de ahora, este tipo de conductas no solo acarrearán consecuencias penales, sino que el Estado exigirá el recupero económico de los gastos operativos. El procedimiento indica que, tras identificar a los responsables, se calculará el costo de los recursos humanos y materiales utilizados (policía, brigadas especiales, bomberos e investigación) para avanzar con la intimación de pago y posibles acciones judiciales.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, remarcó la gravedad de estos episodios, señalando que alteran el funcionamiento escolar y generan gran angustia en la comunidad. “Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”, explicó el funcionario.
“Ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, enfatizó Quinteros, reafirmando el compromiso de la Provincia de garantizar entornos educativos seguros
