En Argentina no hay criterios uniformes para fijar la cuota alimentaria para hijas e hijos y son las madres las que deben negociar el acceso a ese derecho en un proceso legal engorroso y costoso, donde la violencia económica dice presente.
Es una realidad que requiere de reformas judiciales con perspectiva de género, según profesionales que investigan el tema, mientras en el Senado espera tratamiento un proyecto que puede cambiar este panorama discriminatorio para mujeres, niñas y niños.
La legislación argentina establece que, tanto la madre como el padre tienen el derecho y la obligación de criar a sus hijos e hijas, alimentarlos y educarlos, lo que debe mantenerse cuando la pareja ya no conviva.
Pero allí aparece la cuota alimentaria, que se convierte en un problema que tiene múltiples derivaciones, impactando en la vida de la madre, hijas e hijos, en procesos que suelen ser humillantes donde la mujer debe presentar ticket de la comida que compró para alimentar a la niña o de la peluquería donde se cortó el pelo el niño.
Eso ocurre a pesar de que toda persona sabe que tener un hijo o una hija tiene un costo económico siempre, que no cesa cuando hay una separación.
“Las mujeres no encuentran respuesta por parte del Poder Judicial, por eso hay que construir un Poder Judicial con perspectiva de género” MARIANA GRAS – PARTIDO IDENTIDAD
Estas problemáticas cotidianas suceden porque “el sistema de cuotas alimentarias en nuestro país se fijó alrededor de la judicialización, basado en un esquema antiguo o diferente a la economía que existía en Argentina, donde si la persona no cumple con la obligación de cuota alimentaria, se le debe embargar un sueldo, pero para eso tiene que existir trabajo registrado, o bienes a su nombre, que no siempre aparecen”, explicó la abogada feminista Sabrina Cartabia.
Entonces aparece el primer obstáculo que “es difícil y a veces imposible” de salvar y por lo tanto impide ejecutar la cuota alimentaria.
Según datos oficiales, entre el 35 y el 40 por ciento de las personas tienen empleos no registrados en el país.
Si bien hay posibilidades de que la madre y el padre acuerden de manera privada un monto en una negociación que involucre a profesionales del derecho o a través de una mediación, estas situaciones son las menos, y entonces llega la judicialización.
Estas problemáticas cotidianas suceden porque “el sistema de cuotas alimentarias en nuestro país se fijó alrededor de la judicialización, basado en un esquema antiguo o diferente a la economía que existía en Argentina, donde si la persona no cumple con la obligación de cuota alimentaria, se le debe embargar un sueldo, pero para eso tiene que existir trabajo registrado, o bienes a su nombre, que no siempre aparecen”. Abogada feminista Sabrina Cartabia.
Entonces aparece el primer obstáculo que “es difícil y a veces imposible” de salvar y por lo tanto impide ejecutar la cuota alimentaria.
Según datos oficiales, entre el 35 y el 40 por ciento de las personas tienen empleos no registrados en el país.
Si bien hay posibilidades de que la madre y el padre acuerden de manera privada un monto en una negociación que involucre a profesionales del derecho o a través de una mediación, estas situaciones son las menos, y entonces llega la judicialización.
“Las mujeres no encuentran respuesta por parte del Poder Judicial, por eso hay que construir un Poder Judicial con perspectiva de género y que entienda que detrás de cada expediente hay un derecho que no se ejerce, porque un derecho judicializado es un derecho que no se ejerce”, Mariana Gras, de la Mesa Nacional del partido Identidad que integra el Frente de Todos.
Sabrina Cartabia, abogada feminista.La ex titular del extinto Instituto Nacional de las Mujeres vuelve a la escena pública con un partido que se define “nacional, popular y feminista” y donde la problemática de la cuota alimentaria “surgió como una demanda en un universo de mujeres transversal a todos los sectores sociales que no está teniendo, a nuestro criterio, la visibilización que requiere”.
Lo que visibilizan la mujeres que atraviesan estos proceso judiciales son instancias largas -mientras las y los hijos deben seguir comiendo-, intrincadas, que implican pagar un asesoramiento legal que, muchas veces, es mas costoso que el monto de la cuota alimentaria que obtienen.
“Hay baches en la legislación que los cubren las mujeres, y que generan un empobrecimiento de las mujeres”, analizó Cartabia.
En cuanto a los baches legislativos, espera tratamiento en el Senado un proyecto de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (FdT) aprobado en la Cámara Baja, para que las obligaciones alimentarias queden exceptuadas de la prohibición de actualización dispuesta por la Ley 23.928 del año 1991 que prohíbe la actualización monetaria.
Con esta iniciativa “aseguramos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cada vez que erradicamos una desigualdad, estamos dando un paso más hacia la justicia social”, definió la legisladora.
