El lunes 15 de julio, el Gobierno nacional presentó en Diputados un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, anunciado por los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). Titulado “Régimen Penal Juvenil”, el proyecto establece penas de hasta veinte años de prisión para menores, a ser cumplidas en establecimientos especiales, hoy casi inexistentes.
Y estipula también la investigación en el entorno, ya sea familiar o de personas cercanas, para los menores de 13 años.
“Las consecuencias de años de zaffaronismo, sumadas al desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados”. Manifiestan desde el ejecutivo.
Algunos especialistas en niñez y derechos humanos advirtieron que esto contradice la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales.
Unicef, recomienda que la edad de imputabilidad no sea inferior a los 14 años y señala que existe evidencia internacional que demuestra que bajar este umbral no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad. Sin embargo, el gobierno avanza con la iniciativa a raíz del aumento en la delincuencia juvenil.
Bullrich declaró: “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad”.
Desde el Ministerio de Seguridad como en Justicia aclararon que en la letra chica del proyecto se deberá seguir cada detalle y no cometer ningún tipo de atropello legal teniendo en cuenta que Argentina suscribió en la Constitución nacional tratados internacionales de protección de los derechos del niño.
En tanto que, Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, señaló que los menores de 16 años están involucrados en menos del 10% de los homicidios.“
“La preocupación es que se plantea resolver algunos casos de violencia delictiva cometidos por adolescentes de manera punitiva a 15 o hasta 12 años. Cualquiera que tenga hijes sabe que cosas debe tener una niñez para ser felices. Jose Marti decía “un niño nació para ser feliz” asegura Cesaroni.
María Elena Naddeo, de la APDH, también resaltó la baja incidencia de delitos graves cometidos por adolescentes en Argentina.
El proyecto también incluye la posibilidad de medidas alternativas para penas menores y prevé investigar a menores de 13 años, aunque estos seguirán siendo “no imputables”.
El Régimen Penal de la Minoridad establece que se es penalmente imputable a partir de los 16 años, pero en el artículo 2 establece que si el menor se hallare en una situación de falta de recursos -por pobreza o por vulnerabilidad moral o material- el juez podrá disponer de él.
Los puntos principales:
MÁXIMO DE PENAS: En principio, la iniciativa prevé un “máximo de penas” de veinte años de prisión, con la posibilidad de disponer “medidas alternativas” a partir del cumplimiento de dos tercios de la condena.
PENAS DE TRES A SEIS AÑOS: El proyecto estipula que las condenas de 3 a 6 años también podrán cumplirse con medidas alternativas, “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”.
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD: En establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.
INIMPUTABILIDAD: La iniciativa también prevé que se pueda investigar a niños incluso menores de 13 años. Aunque establece que por debajo de esa edad seguirán siendo “no imputables”, el proyecto dice que el juez interviniente “de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas”. “En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”, expone el escrito.
En cuanto a las condenas que puedan tener libertad condicional, se establecen medidas paralelas como la “obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo”, lo que resulta llamativo al tratarse de menores de edad.
