El escenario de incertidumbre tarifaria para miles de cordobeses se agravó en las últimas horas.
La Cámara de Diputados de la Nación le otorgó media sanción, con 132 votos a favor, al proyecto impulsado por el Gobierno Nacional que busca modificar el régimen de subsidios al gas natural.
De aprobarse definitivamente en el Senado, la iniciativa eliminará los beneficios de “Zona Fría” para 13 departamentos de la provincia de Córdoba.
El fin del descuento automático y el impacto en las boletas La medida busca eliminar el actual criterio geográfico y climático, que hoy otorga rebajas del 30% para usuarios generales y de hasta el 50% para sectores vulnerables (jubilados, AUH, etc.) por el solo hecho de residir en zonas de bajas temperaturas.
Los equipos técnicos provinciales advirtieron que la eliminación de este subsidio “de un plumazo” impactará en un universo de 688 mil familias cordobesas (el 87% de los usuarios residenciales de gas por red). Traducido al bolsillo, esto implicará un salto automático en las facturas de invierno de entre un 42% y un 100%. Un ejemplo real sobre una boleta de la ciudad de Córdoba muestra que, sin el subsidio, un usuario que pagó $58.871 habría tenido que abonar más de $100.000, un incremento superior al 70%.
Unidos contra el recorte: el reclamo de la Provincia y los Defensores del Pueblo La media sanción profundizó el rechazo generalizado en Córdoba, uniendo a distintos sectores más allá de las banderas políticas. El gobernador Martín Llaryora calificó la eliminación de la zona fría como “una locura” y “un ataque directo a todos los cordobeses” en un momento donde “los vecinos no llegan a fin de mes”.
El mandatario provincial tildó de injusto que la Nación avance con este recorte que castiga al interior, mientras se continúa “subsidiando a los porteños” en el AMBA. Como alternativa, Llaryora propuso que en lugar de implementar una “crueldad burocrática” exigiendo un reempadronamiento masivo, el Gobierno utilice los datos que ya posee (vía ARCA y Nación) para excluir del beneficio únicamente a los sectores de altos ingresos.
A esta resistencia se sumaron importantes figuras institucionales. El Auditor General y Defensor del Pueblo de Villa María, Rafael Sachetto, junto al Defensor del Pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie, presentaron un petitorio formal ante el Congreso. En el documento, advierten que la igualdad tarifaria en territorios con climas desiguales produce “injusticia material” y exigieron que no se modifique el régimen actual sin antes convocar a una gran audiencia pública federal que incluya a provincias, municipios y el ENARGAS.
Mientras el proyecto se prepara para su debate en el Senado, el reclamo desde el interior es unánime: exigen a los legisladores que defiendan los intereses de Córdoba para evitar que miles de familias y jubilados caigan en lo que ya se denomina como “pobreza energética”.
