La política de Villa Allende comienza a moverse antes de que aparezcan candidaturas formalmente lanzadas.
Nicolás García, excandidato a intendente por Hacemos Unidos por Villa Allende, volvió a ocupar un lugar en la discusión pública local.
García fija su posición sobre el nuevo Hospital, las demoras en la obra de avenida Bodereau, la instalación de portones, el estacionamiento medido y el vínculo de la administración municipal con los vecinos.
No existe, por el momento, un anuncio formal de candidatura, sin embargo, la difusión ordenada de un diagnóstico sobre la ciudad, acompañada de diferencias con la gestión actual y de una propuesta general de gobierno, representa algo más que una opinión aislada sobre los asuntos municipales.
I.V.A: ¿En una clara señal de reactivación política? Consultó este medio a un dirigente del PJ cordobés…
– Es un movimiento que excede a Villa Allende…
I.V.A: Cortamos y lo llamamos…
– ¿Tenés batería? “risas…”
La aparición de García no se produce en un escenario político vacío.
El departamento Colón se convirtió en uno de los territorios estratégicos de la disputa provincial rumbo a 2027. Allí conviven algunas de las ciudades más importantes del área metropolitana de Córdoba y varios intendentes que mantienen vínculos políticos con La Libertad Avanza.
En el ámbito político provincial ya se advierten movimientos orientados a reforzar la presencia del oficialismo en el departamento Colón, un territorio que comenzó a adquirir mayor centralidad ante el crecimiento libertario y el armado que conduce el diputado Gabriel Bornoroni.
En esa estrategia aparecen figuras como Gustavo Brandán, exintendente de Colonia Caroya, y Gabriel Frizza, exintendente de Jesús María, ambos con conocimiento político y territorial del departamento.
La lectura que circula en el peronismo es que Colón con más de 251.000 votantes, no puede quedar librado únicamente a la gravitación de los intendentes ni al avance de La Libertad Avanza. Se trata de un distrito determinante por su volumen electoral, su cercanía con la capital y el peso de ciudades como Villa Allende con más de 33.000 votantes (13% +/-), Jesús María, La Calera, Río Ceballos y Mendiolaza.
En ese marco, la reaparición de García puede ser leída como parte de un proceso más amplio de reorganización del peronismo local, aunque no se haya informado oficialmente que su posicionamiento responda a una instrucción del Gobierno provincial.
Por ahora, es una “coincidencia política” evidente… Mientras el PJ cordobés vuelve a mirar con atención el departamento Colón, uno de sus excandidatos comienza a recuperar presencia en Villa Allende.
Uno de los principales puntos cuestionados por García es el futuro del nuevo Centro de Salud construido y equipado por el Gobierno de la Provincia.
El dirigente sostiene que “debe respetarse el acuerdo firmado durante las gestiones del entonces gobernador Juan Schiaretti y del exintendente Eduardo Romero”. De acuerdo con su planteo, aquel convenio establecía que la Provincia asumiría la construcción y el equipamiento del establecimiento, mientras que el Municipio tendría la responsabilidad de administrarlo. “Lo que corresponde es cumplir el convenio tal como fue firmado y poner el Centro de Salud en funcionamiento al servicio de todos los vecinos”.
El excandidato defendió un modelo de administración pública municipal y advirtió que cualquier decisión deberá garantizar que los recursos y la infraestructura sanitaria sean utilizados prioritariamente en beneficio de la comunidad. En este punto, el dirigente no solamente cuestiona la falta de apertura del establecimiento. También recupera la figura de Eduardo Romero, a quien presenta como el impulsor de un proyecto destinado a evitar que los vecinos tengan que trasladarse a otras localidades para acceder a determinadas prestaciones médicas.
La reivindicación al exintendente Romero tiene una evidente lectura política que indicaría una nueva vinculación con el electorado que acompañó aquella gestión.
Respecto de la duplicación de calzada de la avenida Bodereau, García evita confrontar con la Provincia y pone el foco en la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados.
El dirigente destacó que la obra beneficiará especialmente a los barrios San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque, no solo en materia de circulación y seguridad vial, sino también por las intervenciones vinculadas con desagües, cloacas y napas freáticas.
Según su postura, parte de las demoras se explican por la complejidad técnica de resolver esos inconvenientes estructurales.
Frente a ello, propuso fortalecer la articulación entre el Gobierno provincial, la empresa ejecutora y el Municipio, acelerar los trabajos dentro de las condiciones técnicas posibles e informar con mayor claridad sobre los avances y plazos.
“Las obras importantes requieren planificación y responsabilidad. Lo fundamental es terminarlas bien”, sostuvo.
La política de portones implementada en algunos barrios ocupa otro tramo de su postura.
García considera que “estos dispositivos no pueden constituir el eje de una política integral de seguridad” y cuestiona especialmente la forma en que la medida fue debatida e instrumentada. Desde su perspectiva, la discusión terminó dividiendo a los vecinos entre quienes apoyaban y quienes rechazaban los portones, sin que previamente existiera un proceso suficiente de información, escucha y construcción de consensos más allá del registro de oposición.
También sostiene que no todos los barrios presentan las mismas características y que, por lo tanto, las soluciones de seguridad deben adaptarse a cada sector. El excandidato plantea además una discusión sobre prioridades presupuestarias. Según expresó, los recursos utilizados para instalar 13 portones podrían haberse destinado a incorporar móviles, tecnología, equipamiento y capacitación para Seguridad Ciudadana.
En ese punto reivindica la experiencia de Seguridad Ciudadana municipal, creada hace más de dos décadas, y propone recuperar una presencia más constante en los barrios. La diferencia política que intenta instalar es clara, frente a una seguridad concentrada en barreras físicas, García propone prevención territorial, patrullaje y coordinación.
También se refirió al estacionamiento medido, uno de los temas que mayor controversia generó recientemente entre el Municipio y un sector de comerciantes y vecinos.
El dirigente aclaró que no rechaza las medidas destinadas a ordenar el tránsito ni la utilización de herramientas que favorezcan la rotación vehicular pero su cuestionamiento apunta al momento y a la forma en que el sistema fue implementado.
Para él “la decisión se tomó en un contexto económico desfavorable y sin escuchar suficientemente a quienes desarrollan su actividad cotidiana en el centro de Villa Allende o comerciantes que señalan una disminución en la circulación de clientes y en las ventas.
Esa percepción deberá ser contrastada con estadísticas sobre ocupación, tránsito y actividad comercial para determinar el impacto efectivo del sistema. Sin embargo, el conflicto existió y obligó al Municipio a introducir modificaciones.
Hasta fin de año, el estacionamiento se cobrará únicamente de lunes a viernes, entre las 8 y las 13 horas. No tendrá costo por la tarde ni durante los sábados, domingos y feriados. Además, se incorporaron diez minutos de tolerancia sin necesidad de activar la aplicación y un esquema de cobro fraccionado cada veinte minutos.
En ese sentido, García propone avanzar un paso más y conformar una mesa de diálogo permanente entre comerciantes, vecinos y autoridades municipales. Su postura es que el sistema debe evaluarse y corregirse en función de sus resultados, evitando que el objetivo de ordenar el tránsito termine perjudicando alguna actividad económica.
“La ruptura del diálogo…”
Desde su espacio hablan directamente de una administración que habría “detonado los puentes” y roto el diálogo con distintos sectores de la ciudad. Para respaldar ese diagnóstico, el dirigente afirma que, de los 18 barrios históricos de Villa Allende, solamente dos mantendrían actualmente sus centros vecinales activos.
La cifra deberá ser corroborada con la información institucional correspondiente, pero funciona políticamente como parte de una denuncia más amplia. La desaparición o debilitamiento de los canales organizados de participación vecinal.
También cuestiona la prestación de determinadas especialidades en el Hospital Municipal y la pérdida de presencia preventiva de Seguridad Ciudadana. En otro tramo, él menciona una publicación oficial sobre el “ordenamiento de avenida Padre Mariani” en la que, según observó, podía verse una rampa para personas con movilidad reducida en malas condiciones.
Con estos ejemplos, García intenta instalar una contraposición entre comunicación y gestión, sostiene que no alcanza con difundir conceptos como orden o modernización si continúan sin resolverse problemas básicos de infraestructura y servicios.
Una agenda local con lectura provincial
Su postura exhibe una clara alineación con el Gobierno Provincial. García defiende las obras provinciales, reivindica la gestión de Schiaretti y Romero, y coloca sus principales críticas sobre la administración municipal.
La estrategia parece orientada a reconstruir una identidad peronista local que pueda presentarse como alternativa al PRO y Cornet , sin despegarse del oficialismo provincial.
La incógnita es si esta reaparición es una iniciativa personal de García, un primer movimiento acordado dentro del PJ de Villa Allende o parte de un armado territorial más amplio para recuperar posiciones en el departamento Colón.
Mientras el llaryorismo despliega dirigentes con experiencia territorial para disputar el departamento y contener el crecimiento libertario, García empieza a caminar nuevamente la agenda de Villa Allende y a marcar diferencias con el oficialismo local.
Las elecciones todavía aparecen lejanas, pero las piezas ya comenzaron a moverse.
Y Villa Allende, por su peso electoral, su ubicación, será uno de los tableros que el peronismo provincial observará con mayor atención rumbo a 2027.
