La ciudad de Villa Allende se encuentra en medio de un intenso conflicto de poderes entre la Intendente, María Teresa Riu Cazaux, y el Concejo Deliberante local, relacionado con la renovación del contrato de concesión del servicio de agua potable.
La Intendente, en representación del Departamento Ejecutivo Municipal, ha presentado una demanda para resolver esta situación crítica.
El conflicto se desencadenó a raíz de la renovación del contrato con la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda. El Departamento Ejecutivo Municipal emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia para prorrogar el contrato existente, respaldado por una Ordenanza. Sin embargo, el Concejo Deliberante rechazó un nuevo contrato de concesión, lo que generó un conflicto de poderes de proporciones inéditas en la ciudad.
María Teresa Riu Cazaux alega que la Constitución Provincial no otorga al Concejo Deliberante la facultad de decidir sobre la forma de contratación, considerando que esta situación representa un conflicto de poderes que debe ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia.
El caso se considera de extrema gravedad, ya que el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia deja sin contrato vigente la prestación de un servicio esencial: la provisión de agua potable en la ciudad.
La Intendente busca proceder a una contratación directa para los servicios de agua potable, mientras que el Concejo Deliberante argumenta que se debe llevar a cabo un proceso de licitación pública.
La Intendente alega que las facultades que le otorga la Carta Orgánica Municipal no la obligan a realizar una licitación, mientras que el Concejo Deliberante sostiene que la ley establece la licitación como la regla general.
Este conflicto, que se ha convertido en un asunto interno municipal, se basa en la legislación local que establece las competencias y responsabilidades de cada órgano en el municipio.
Se subraya la necesidad de resolver esta cuestión de importancia crucial para garantizar el adecuado funcionamiento de la administración municipal y, sobre todo, la provisión ininterrumpida del vital servicio de agua potable en Villa Allende.
En vista de la delicada situación institucional que se verifica y en razón del carácter esencial del servicio de agua potable, el Ministerio Público ha emitido un dictamen (N°761) firmado por el fiscal adjunto, Pablo Bustos Fierros, y al que Info Villa Allende tuvo acceso, para declarar la nulidad de la Resolución Nro. 35/23 del Concejo Deliberante y mantener vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 183/23 del Departamento Ejecutivo Municipal.
Esto implica que se considere válida y vigente la prórroga del contrato con la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda.
Esta recomendación se basa en el artículo 182 de la Ley 8102, que establece los procedimientos en casos de conflicto interno de poderes.
La situación sigue siendo motivo de preocupación en Villa Allende, y se espera que el Tribunal Superior de Justicia tome medidas para resolver este complejo conflicto y garantizar la continuidad del servicio de agua potable en la ciudad.
